Durante los últimos días, y como consecuencia de la publicación de los salarios de una gran parte de los puestos de primer nivel de las administraciones públicas, se ha generado un debate sobre la falta de criterio de las desigualdades retributivas entre estos puestos.

El debate se centra en si el presidente del gobierno cobra poco, o si no se merece la retribución que percibe, o si no tiene sentido que un secretario de estado que depende del presidente tenga que cobrar un mayor salario que puestos, que están jerárquicamente por encima de este, como los ministros.

El debate, bajo mi punto de vista, está desenfocado, ya que para poder debatir y sacar conclusiones de calidad, nos falta incluir un par de variables a la ecuación.

La primera para realmente saber si un salario es justo o injusto, es conocer el valor del puesto o el nivel de contribución que el puesto, es decir, que para realmente saber si el salario del presidente o de un ministro o alcalde es justo, se debería de analizar el nivel de contribución o valor relativo de este puesto, dejando al margen si los actuales ocupantes de los puestos garantizan o se alinean con la contribución que su puesto debería asegurar, este sería asunto para otro interesante debate.

Y ¿Cómo podemos saber el nivel de contribución de los puestos de gestión que ocupan los políticos? Pues con las mismas metodologías que normalmente se utilizan en las empresas privadas para conocer el valor de los puestos, todas ellas se centran en medir a los puestos con las mismas reglas objetivas (impacto de las decisiones que el puesto puede tomar, autonomía de las decisiones, número de personas gestionadas, presupuestos, influencia de las acciones, nivel de interlocución….) lo interesante es medir todos los puestos bajo los mismos parámetros y descubrir las diferencias entre los puestos.

Otra variable para comprobar si las retribuciones son “justas” o “injustas” y una vez valorados los puestos, sería conocer el grado de equidad salarial de los puestos, es decir, conocer las diferencias salariales que existen en puestos del mismo nivel de responsabilidad o contribución, con lo que conseguiríamos entender por qué tiene o no sentido que un alcance no cobre más que un Ministro o también cual sería la inequidad entre los ocupantes del mismo puesto, es decir, ¿Por qué alcaldes que tienen un nivel de contribución similar tienen diferentes retribuciones?

Y por último, otra variable a tener en consideración a la hora de justificar las retribuciones de los gestores de la administración pública, sería su comparativa externa con otros países en los que cargos similares. Conociendo si la competitividad del mercado de estas posiciones se alinea con la realidad de sus homólogos europeos.

Si tuviéramos esta información, estaríamos en disposición de poder concluir sobre la justicia o injusticia de los sueldos de las diferentes administraciones públicas, y podríamos plantear un modelo retributivo vinculado a las responsabilidades y a la contribución de cada puesto, reduciendo al máximo las diferencias retributivas injustificadas por el valor del puesto.

De realizar estas acciones podríamos entender cuál es la retribución que se merece el presidente del gobierno, los ministros o los diferentes gestores de las diferentes administraciones. Insisto que otro debate es conocer si los ocupantes de estos puestos realizan las responsabilidades propias, o si por el contrario no dan la talla, pero para ello, lo que deberíamos de plantearnos es el propio proceso de selección o elección de los ocupantes y el propio desempeño en sus funciones.

¿Queremos tener mejores gestores en las administraciones públicas? Pues profesionalicemos los procesos y políticas de gestión de estos puestos para exigirles que realicen sus actividades en relación con las necesidades de los ciudadanos, sus representados.