Transformación vs Privatización (de la administración pública)

Parece que hoy en día nuestros gobernantes se plantean que los servicios prestados por la administración pública no son rentables, generando en su realización más gastos que beneficios para los ciudadanos y se plantean como solución la privatización de los mismos.

Se pretende por tanto pasar de un estado prestador de servicios a un estado gestor de entidades privadas que presten los mismos.

En mi opinión y después de haber trabajado en diferentes entornos de la administración pública como consultor externo (Hacienda, Sanidad o Empleo así como en diferentes empresas y entes públicas de diferentes administraciones) creo que se está confundiendo el tiro y se está planteando una solución rupturista que más que tapar las grietas del sistema actual va a expandir las mismas, si realmente se quiere tapar exige de análisis, reflexión y medidas orientadas a la transformación de la administración pública.

Lo principal que se tendría que tener en cuenta es la propia misión que cumple la función pública que no es el de la rentabilidad de los servicios que se prestan, sino el asegurar que todos los colectivos que forman la sociedad y con independencia de sus ingresos o clase social puedan acceder a los mismos servicios (educación, sanidad, seguridad, justicia, trabajo…) y puedan ejercer sus obligaciones como ciudadanos (impuestos, registro civil…)

Las empresas privadas se mueve únicamente por intereses económicos y sus decisiones tienen que ir vinculadas a la rentabilidad asociada, por lo que si hacemos que las empresas privadas con sus modelos de negocio, se encarguen de la gestión de los servicios públicos, se provocará un gran choque cultural entre estas dos maneras tan antagónicas de entender la gestión. ¿Qué ocurrirá cuando no sea rentable por coste o por la necesidad de inversión el dotar de un servicio concreto? O ¿Cuándo el servicio a prestar sea para un colectivo minoritario?

No quiero entrar en juegos simplones de los malos (empresarios) y los buenos (los funcionarios), pero sí que creo que incluso cuando dos organizaciones privadas (centradas en la misma naturaleza) se fusionan se tiene que gestionar el posible choque de culturas, de maneras de trabajar y de gestionar, los estilos de dirección y demás aspectos que pueden provocar que la fusión pueda ser de verdad una fusión o un simple solape de dos empresas. ¿Cómo no te está teniendo en cuenta lo que puede significar (culturalmente) la inclusión de la gestión privada y su modelo de gestión dentro del modelo de gestión público?

Lo que me gustaría dejar claro es que en vez de centrarse en cómo mejorar el modelo de prestación de servicios públicos, se pretende sustituirlo de manera global, eliminando con ello no sólo los problemas sino los grandes beneficios que un sistema de servicios públicos puede aportar a una sociedad, cada día y como consecuencia una vez más de la crisis, con mayores desigualdades.

No pretendo que este post sea una reivindicación, sino que quiero aportar los que bajo mi punto de vista serían los puntos sobre los que debería centrarse la transformación la administración pública.

Uno de los grandes problemas de la administración pública es la gestión de lo que se llama “función pública” o lo que en el mundo privado llamamos gestión del personal, este debería ser el primero de los puntos de la transformación, ya que es arcaico y no da respuesta a las necesidades de los empleados públicos ni a las demandas de los ciudadanos.

Actualmente los funcionarios tienen una mala imagen pública porque el resto de la sociedad “no funcionarios” considera que son privilegios, (trabajo asegurado, horarios fijos, sueldo seguro, vacaciones….) pues creo que incluso con estas condiciones existe un gran número de funcionarios que incluso (antes de la crisis) no estaban motivados dentro de su puesto de trabajo, ya que de lo que nunca se habla es de, “la falta de diferenciación entre los desempeños de los empleados, la rigidez y en muchos casos inexistencia de planes de carrera, el constante cambio de directores “políticos” y sus diferentes visiones sobre el trabajo a desarrollar, las retribuciones no son competitivas comparadas con puestos de mandos medios o directivos en las empresas privadas”

Además la gestión de los funcionarios, por parte de los responsables de área (mandos intermedios) tampoco es sencilla, ya que aspectos como las RPT (Relaciones de puestos de trabajo) en las que se definen las tareas que un puesto tiene que hacer, provoca una gran rigidez y están en contra de toda adaptación a las nuevas demandas de los servicios. Todo cambio en las responsabilidades de un puesto exige una revisión de la RPT, siendo ante todo un retraso ante la adaptación a las necesidades actuales. Conceptos como “responsabilidades” tienen que sustituir a “tareas” en estas descripciones de puestos, que están del todo desfasadas.

Otro punto fundamental y que se debería transformar es la propia prestación de servicios, actualmente la estructura de los servicios públicos está compuesta por una gran cantidad de perfiles centrados en la gestión administrativa, para la resolución de “papeleo” (otro gran endémico de lo público) pero las nuevas tecnologías y los nuevos canales de prestación de servicio (fundamentalmente internet) facilitan que gran parte de los “papeleos” y tareas administrativas que antes eran obligadas tengan cada vez menor volumen.

Siendo ahora más necesario un perfil más técnico y experto en aquellos aspectos en los que los ciudadanos no tenemos expertise, y en los que pueden realmente aportar valor añadido las administraciones públicas. Para conseguir este cambio es necesario reforzar los conocimientos y competencias de los empleados públicos, así como cambiar la estructura de puestos actuales, restando perfiles administrativos y aumentando el porcentaje de técnicos o especialistas, siendo por otro lado también necesario reforzar los perfiles encargados de la gestión de los nuevos canales de prestación de servicios, generando competencias y conocimientos adaptados a las necesidades actuales.

La única manera de saber que al acudir a los servicios públicos vamos a contar con personal con talento es fomentando este talento, tanto que las personas con talento quieran entrar a la función pública para desarrollar el mismo (nadie discute que los mejores médicos se encuentran en la sanidad pública, o los mejores maestros, pero el problema es que se gestiona a los buenos igual que a los que no son tan buenos) por lo que hay que diferenciarlos de los que no poseen las capacidades y actitudes necesarias para su puesto de trabajo…. Desarrollando acciones como “planes de carrera, dirección por objetivos, evaluación del desempeño o incrementos en función del mismo, y en resumen (discriminar y diferenciar a los que realmente se diferencian en el desarrollo de su trabajo).

También tenemos que hacer un ejercicio de eficiencia, no duplicar servicios entre diferentes órganos autonómicos, locales, estatales….  para conseguir la eficiencia lo primero es tener claro que se hace y para ello la creación de lo que se denomina carta de servicios (qué hacen y qué no hacen, cuales son los compromisos adquiridos con los ciudadanos en los servicios planteados), así mismo el incluir sistemas de evaluación de la calidad de la prestación de servicios serían fundamentales para poder generar ciclos de mejora continua, identificando áreas de mejora y desarrollando acciones centradas en las mismas.

Dentro de esta carta de servicios, es donde se debería plantear el debate sobre la privatización o no privatización de ciertas tareas o actividades, y siempre teniendo en cuenta si ¿Aportamos valor realizando nosotros esta actividad?, ¿Es esencial que realicemos esta tarea ya que es un derecho o una obligación de los ciudadanos y no puede ser realizada por un tercero?

Al igual que ocurre con las empresas privadas, la administración pública tiene que reflexionar sobre cuáles son los servicios que “tienen que prestar”, cuales “debe de prestar” porqué aporta valor a los ciudadanos con esta prestación y también cuales puede perfectamente externalizar y cambiar su rol de “ejecutor de la actividad” a “gestor o coordinador”.

Un claro ejemplo de este tipo de colaboración público – privada puede dar en los servicios de empleo, en los que cada vez es más claro que los servicios públicos no tienen capacidad para “conseguir empleo” a los desempleados, siendo su porcentaje de ocupación de entre un 5% y un 8% con respecto al mercado de trabajo total, por lo que utilizar los servicios de empleo privados y herramientas de mercado podría facilitar la dotación del servicio, aumentando además la eficiencia del mismo.

Las medidas expuestas no son evidentemente todas las que se deberían de plantear a la hora de transformar la administración pública, pero lo que está claro es que son las que realmente ayudarían a modernizar y mejorar estos servicios públicos, sin buscar la ruptura que se plantea con la privatización de servicios esenciales, sino por el contrario aprovechar los beneficios y fortalezas actuales, centrando las mejoras en aquellos aspectos que se han quedado desfasados y no están acordes con las necesidades de los ciudadanos.